Garantizar la vida, la seguridad y la paz social

El dolor y el rechazo que dejó la violencia terrorista en el Perú son aún muy intensos, como se puede verificar en la repulsa y la indignación de la población ante la variación de la condición jurídica de algunos miembros de la cúpula senderista en los procesos judiciales que se le siguen.
Ante esto manifestamos que:

1 Es obligación del Estado garantizar al pueblo peruano la integridad de la vida, el bien común y la paz social. De esta responsabilidad ningún poder del Estado puede excluirse, es decir, del respeto a la integridad de la ley, pues con ello dejaría desprotegida a la población.
2 No podemos negar que nuestro país fue herido gravemente por las acciones de violencia y terrorismo que destruyeron vidas, familias, comunidades enteras y nos sometieron al miedo, al borde del colapso y la ruina, cuyas secuelas de todo orden todavía no se han curado ni resarcido.
3 El derecho a una justicia proporcional al daño causado es fundamental, pero también lo es el respeto a la ley, sin el cual caemos en la lógica que el más fuerte imponga siempre su voluntad. Pero, nos preguntamos: ¿Estas personas que han seguido este camino equivocado, han pedido perdón por ello, han mostrado arrepentimiento sincero?
4 El Estado de derecho que vivimos, posiblemente imperfecto y criticable, debe ser defendido por toda la sociedad. Rechazamos los esfuerzos de algunos grupos que siguen promoviendo ideologías que justifican o promueven el terrorismo y/o sus métodos. Cabe preguntarnos: ¿El Estado ha cumplido su rol de garantizar a nuestro pueblo la integridad de la vida, el bien común y la construcción de una sociedad que mira el futuro con paz y justicia?
5 Como cristianos defendemos la justicia y la dignidad. Pero, una justicia que tarda, cualquiera fuere la razón, no es justicia, por el contrario, ocasiona más daño.
6 Renovamos el pedido que nos hizo el Papa Francisco “no permitan que les roben la esperanza”, es el momento de unirnos y trabajar juntos por la vida, el bien común y la paz social.

Lima, 21 de Abril de 2018

La Presidencia
Conferencia Episcopal Peruana

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